Enfrentamos el peor mal de todos: la precarización del derecho a la salud
Por Constanza Ovalle Gómez, coordinadora del Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque y presidente del Consejo Nacional de Bioética.
La capacidad de asombro es necesaria para enfrentar los problemas éticos, sin esta capacidad sería difícil reconocer cuándo se están afectando valores o cuándo aparecen otras visiones e innovaciones que permiten enfrentar los problemas morales. Autoras como Hanna Arendt (1999) llaman a la “banalidad del mal” una pérdida de conciencia del mal, siendo para esta filósofa, el peor mal de todos.
La pandemia por el COVID – 19 nos demostró a los colombianos, años de falta de inversión en la salud pública y en la atención primaria en salud, un mal que se ha aceptado, en parte, porque no se había hecho conciencia de ello. Hoy es posible apreciar la dificultad de los países en enfrentar la pandemia por causa de la escasa infraestructura pública, profesionales de la salud con precarias condiciones laborales, falta de insumos, programas de poco alcance para atender la salud pública, hospitales y centros de salud en las ciudades y pueblos pequeños cerrados o en completo abandono. Esto para decir que hemos sido presa de una suerte de “banalidad del mal”.
Esta aberración nos muestra banales a la hora de atesorar la salud pública como valiosa. En teoría se estima a la salud como un valor vital, una capacidad que nos confiere la posibilidad de alcanzar algún grado de bienestar. Cuando afirmamos que la salud no tiene precio, a lo que nos referimos es a que, es valiosa por sí misma, si carecemos de ella no es posible concebir bienestar alguno. Las metas vitales pueden ser individuales y no siempre comulgan con las que una sociedad puede prescribir. Sin embargo, la salud pública es una condición general, que el Estado debiera garantizar a través de medidas de cuidado y promoción de la salud. Es la salud pública un proyecto que se plasma en la realidad a través de acciones y decisiones que se toman o no se toman; cuando fallan las medidas o en ausencia de estas, se pone en riesgo el bienestar colectivo, como vemos, la propia vida, a la vez, se vulnera un derecho humano.
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