La pandemia del COVID-19 hizo que la bioética se volviera protagonista de la discusión para la puesta en marcha de políticas públicas.
El Colegio Médico Colombiano, CMC, le preguntó al doctor Boris Julian Pinto, médico con PhD en bioética, profesor e investigador en bioética de la Universidad del Bosque y Universidad del Rosario; miembro comité asesor del consejo directivo de Redbioética de la UNESCO acerca de las principales discusiones que se están dando desde esa óptica como consecuencia de la vacunación masiva contra el COVID-19.
CMC: ¿Qué reflexión le merece que algunas naciones quieran implementar un pasaporte de inmunidad para poder ingresar a su territorio, teniendo en cuenta que el acceso a la vacuna ha sido desigual y que aún no se sabe exactamente cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas contra el COVID-19?
Dr. BP: Desde el año anterior se ha planteado la posibilidad de utilizar “pasaportes biológicos” basados en pruebas serológicas para acelerar la reapertura de la vida pública y las actividades económicas en el contexto de la pandemia por COVID-19. En relación con los “pasaportes inmunitarios” basados en la vacunación, distintos gobiernos han avanzado en su implementación: Israel, Francia, Nueva Zelanda, Australia, España, algunos países nórdicos, entre otros. El certificado de vacunación podría ser útil en el caso de viajeros que provengan de regiones con alta incidencia de casos por COVID-19, quienes, por ejemplo, podrían evitar la exigencia de la cuarentena en el lugar de destino. También podrían acelerar la recuperación productiva de las empresas, contribuir en el control de nuevos brotes y acelerar el retorno a la normalidad social y económica. Si bien se reconocen potenciales beneficios de estas iniciativas, e incluso Organización Mundial de la Salud, OMS, avanza en la implementación de un “Certificado Inteligente de Vacunación”, persisten algunas preguntas técnicas y bioéticas. Aún no existe suficiente evidencia sobre la efectividad de las vacunas disponibles en relación con la prevención del contagio; además, necesitamos mayor información sobre el período de inmunidad protectora de las vacunas disponibles, el número de dosis necesarias, la necesidad de refuerzos, las ventajas comparativas entre vacunas, entre otras variables en investigación.
CMC: ¿El pasaporte se implementaría con el certificado de la vacunación o se requieren las pruebas serológicas? ¿Cuál es el principal inconveniente de estas pruebas?
Dr. BP: Son varias las dificultades. Hay que empezar por mencionar que diversas empresas de tecnología diseñaron aplicaciones para vincular la identidad de viajeros y consumidores con la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2. No obstante, las pruebas serológicas han mostrado mayor utilidad en estudios de seroprevalencia, como un elemento importante para la toma de decisiones en salud pública, si bien la calidad general de estos estudios y la estandarización de las pruebas, a nivel internacional, es baja. Por otra parte, la sensibilidad y especificidad de las pruebas serológicas ha sido discutida, dada la reactividad cruzada con otros virus (incluidas variantes de coronavirus estacional) y parasitosis endémicas (como malaria), así como la heterogeneidad y calidad de las pruebas utilizadas. Se ha propuesto la combinación de pruebas de IgG/IgM rápidas para prevenir y controlar brotes en entornos ocupacionales, si bien las pruebas de antígenos y PCR demuestran mejor perfil de sensibilidad y especificidad.
Algunos estudios sugieren que las pruebas basadas en anticuerpos tienen mayor utilidad cuando se realizan a personas con un cuadro clínico compatible con COVID-19, en el contexto de un brote epidémico. Su utilización en personas asintomáticas, sin historia de exposición es limitada. Se han detectado, incluso, resultados falsos positivos en pruebas de anticuerpos en suero de pacientes recolectado antes de la pandemia, por lo cual es relevante, tanto avanzar en la comprensión de la respuesta inmunológica ante la infección, como estandarizar la efectividad de las pruebas disponibles. El periodo de protección que confieren los anticuerpos tras la infección es variable (entre 3 y 8 meses) y ante la emergencia de nuevas variantes las pruebas serológicas no tienen mayor utilidad para la reorganización de la vida social y pueden promover una falsa percepción de seguridad. Las pruebas de antígenos y basadas en PCR, mucho más sensibles y específicas, pero al tiempo mucho más costosas, están indicadas ante la sospecha de infección, no como pruebas de cribado. Usar estas pruebas como una especie de “pasaportes biológicos” ante tanta incertidumbre podría convertirse en una ineficiente forma de discriminación.
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