Si los planes del gobierno salen según lo presupuestado, el sábado de la próxima semana se aplicará la primera vacuna contra el covid en Colombia.

Para analizar algunos de los dilemas éticos que abrirá esta vacunación, la Silla Académica entrevistó a Boris Julián Pinto-Bustamante, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario y del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque.

Pinto-Bustamante escribió dos artículos colaborativos: “Problemas éticos en la asignación de recursos escasos y cuidado intensivo en la atención de la pandemia por SARS-CoV-2” (2020) y “Vacunación obligatoria y movimiento anti-vacuna: algunas propuestas desde la bioética” (2014).

Estos artículos, disponibles para su lectura, nos ayudaron a conducir las preguntas de la entrevista.

La Silla Académica: La segunda ola de contagios está bajando, pero llevó en muchos lugares a una limitada disponibilidad de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos). Como otra ola de contagios no se descarta, médicamente tienen que existir criterios para decidir a quién darle prioridad en la asignación. ¿Según lo que plantea en uno de sus artículos, cuáles serían los principales criterios que deberían aplicar a la hora de hacer esas difíciles elecciones?

Boris J. Pinto:  Efectivamente tuvimos que enfrentar ese escenario tanto en el primer pico de contagios del año pasado como a comienzos de este año.

Bogotá, por ejemplo, estuvo en momentos críticos en un 93 por ciento de saturación de camas de cuidados intensivos, pero había quienes decían desde el “campo de batalla” que no estábamos en el 93, sino en el 200 por ciento de ocupación.

Sobre esto propusimos algunos criterios el año pasado, no solo nosotros, también la Academia Nacional de Medicina y un grupo de médicos y bioeticistas de la Universidad Javeriana, como la doctora Lilian Torregrosa y su equipo.

En principio, creemos que hay unas obligaciones morales que se deben tener en cuenta al momento de asignar recursos escasos, no sólo en contexto de pandemia, sino en otros escenarios en los que existe una brecha entre oferta y demanda, por ejemplo en el caso de los trasplantes de órganos.

Un principio cardinal que aplica en todos estos casos es el respeto por el valor intrínseco de las personas, su dignidad. Esto significa que los criterios de asignación tienen que fundamentarse en el reconocimiento de ese valor y no en las características externas de la gente.

Criterios como la procedencia socioeconómica, las características raciales y de género o la nacionalidad no son relevantes a la hora de priorizar pacientes en escenarios críticos.

Este criterio de la dignidad tiene que articularse con otros criterios como la equidad: que la distribución de los recursos se asigne a quien mayor necesidad tiene, y que obedezca a la maximización del bienestar del interés general, es decir, que esa distribución de recursos le sirva a quien recibe el recurso, y al mismo tiempo se multiplique el mayor beneficio para la comunidad en general.

Otros criterios como el valor social de la persona o si la persona tiene o no discapacidad son éticamente problemáticos para priorizar pacientes, pues pueden dar lugar a una generalización de la negación del servicio o de los derechos en salud a personas con distintas formas de discapacidad o diversidad funcional, o introducir un juicio de valor arbitrario sobre quién debe recibir un recurso escaso. ¿Quién define el valor social de la persona? ¿Desde qué criterio? ¿Desde qué perspectiva?

Entrevista completa: https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-del-rosario/no-estamos-al-borde-ya-fracaso-moral-distribucion-las