Introducción

La  pandemia  por  infección  por  SARS-CoV-2  ha  comprometido  el  acceso  global  a  bienes y servicios sanitarios, desde productos básicos como el alcohol glicerinado para la higienización  de  manos,  pasando  por  los  tapabocas  N95  y  otros  elementos  de  protección personal (EPP), hasta camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ventiladores, infraestructura hospitalaria  y  profesionales  capacitados.  Esta  limitación  de  recursos  a  escala  global,  que no  tiene  precedentes  contemporáneos,  obliga  a  formular  principios y criterios razonables en su asignación (White y Lo 2020). La distribución de recursos escasos, como lo son los recursos de soporte vital avanzado (SVA), no es un problema exclusivamente médico y tiene implicaciones en el derecho a la salud, dado que las decisiones de asignación revisten repercusiones éticas y legales. Por ejemplo, actualmente se está investigando a las autoridades de sanidad españolas porque en algunas autonomías se dio la orden de no trasladar personas mayores de residencias a los hospitales, tras lo cual fallecieron sin los debidos cuidados, o incluso por permitir marchas multitudinarias cuando ya se conocía el riesgo de contagio en aglomeraciones (Lucas-Torres, 2020).

El presente artículo propone un análisis, desde la bioética y el bioderecho, de los problemas relativos al principio de justicia distributiva en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Colombia y en relación con la preservación del derecho a la salud. Para tal efecto, describiremos y analizaremos algunos aspectos bioéticos y normativos relativos al problema estructural de la inequidad endémica en Colombia, en el contexto de la coyuntura generada por la emergencia sanitaria.

El planteamiento del problema

La  historia  natural  de  la  enfermedad  por  SARS-CoV-2  (COVID-19)  exhibe  un  patrón irregular de severidad, cuya fisiopatología aún se encuentra en investigación. El periodo de incubación es variable. Desde la aparición de los síntomas puede presentarse un cuadro leve en un 81 % de los casos, moderado-severo en un 14 % y crítico en un 5 %, donde se puede observar choque, disfunción orgánica múltiple y falla ventilatoria con necesidad de ventilación mecánica (Wu 2020).

El  comportamiento  de  la  pandemia  describe  un  progreso  heterogéneo  en  distintas  comunidades, lo cual obedece a variaciones demográficas, determinantes sociales, la implementación desigual de medidas de salud pública (como el aislamiento obligatorio, el distanciamiento físico, el monitoreo de riesgo mediante la realización de pruebas diagnósticas poblacionales) o las características y capacidades de los sistemas de salud. Ante la emergencia sanitaria algunos gobiernos han impulsado la adecuación coyuntural de los modelos de aseguramiento y prestación de servicios, para fortalecer el sector sanitario a partir de la movilización y articulación de los recursos con la capacidad operativa disponible en los ámbitos público, comunitario y privado, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020a). Por ejemplo, España, al inicio de la pandemia, nacionalizó los hospitales privados (Munárriz 2020); México unificó el sistema público y privado de prestación de servicios de salud mediante la estrategia “Todos juntos contra el COVID” (Gobierno de México 2020); el Reino Unido, por su parte, gestionó la pandemia desde una estrategia de seguridad nacional (Arteaga 2020, p. 8).

No obstante, la articulación de recursos destinados al fortalecimiento de la salud pública ha sido insuficiente para prevenir, contener y mitigar el impacto de la pandemia en países como China, España, Italia, Estados Unidos, Ecuador y Brasil, en los que se ha presentado un agotamiento de recursos críticos. Uno de los bienes sanitarios sobre los que mayor debate se ha generado en los últimos meses, es el SVA. Se calcula que al mes de marzo Estados Unidos contaba con alrededor de 62.000 ventiladores mecánicos completamente funcionales y cerca de 98.000 ventiladores básicos, con 8.900 adicionales en reserva. El Centro para la Prevención y el Control de la Enfermedad (CDC) estimaba que de 2.4 a 21 millones de estadounidenses requerirían hospitalización y atención médica durante la pandemia. De acuerdo con la experiencia de Italia, entre el 10 % al 25 % de los pacientes hospitalizados requirieron soporte ventilatorio, en algunos casos por varias semanas (Truog, Mitchell y Daley 2020).

Colombia tenía, al mes de marzo de 2020, aproximadamente 5271 camas de cuidados intensivos para adultos, de las cuales menos del 25% cumplía con condiciones de aislamiento. La mayoría de los recursos de SVA están concentrados en grandes ciudades, mientras  muchos  departamentos  como  el  Amazonas,  Guainía,  Vaupés,  entre  otros, no contaban en ese momento con una sola cama de cuidados críticos (Pinto, Gómez, Castillo y León 2020).

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